Honduras lleva poco más de 2 décadas enfrentando desafíos sobre su matriz energética como si todavía hubiera tiempo de sobra. Simplemente no lo hay. El costo de la energía, las pérdidas técnicas y el hurto, la fragilidad financiera de la ENEE, la necesidad de ampliar la generación y la urgencia de atraer inversión productiva han convertido la reforma del sector en una decisión de país para asegurar su no dependencia de los mercados especulativos de los combustibles fósiles.
El problema es que todo este tiempo las soluciones técnicas han quedado atrapadas en la desconfianza política. La Ley General de la Industria Eléctrica aprobada en 2013 planteó una reorganización profunda del sistema, pero su implementación quedó condicionada por decisiones políticas, intereses contrapuestos y una institucionalidad que no logró consolidar plenamente el modelo previsto. Mientras otros países de la región avanzaron en reducción de pérdidas, planificación y modernización, Honduras continúa soportando un sistema costoso y vulnerable.
¿Qué necesita Honduras para producir y distribuir energía suficiente, confiable y competitiva durante los próximos veinte años?
La reorganización de la generación, transmisión y distribución puede mejorar la eficiencia y la transparencia, pero debe hacerse preservando los bienes del Estado, definiendo con claridad las responsabilidades de cada entidad y evitando que una transformación institucional termine creando nuevas incertidumbres jurídicas o financieras. También hay una realidad que muchas empresas conocen desde hace años. Cuando la red no ofrece suficiente potencia, cuando los costos son elevados o cuando el suministro se vuelve una limitación para producir, el sector privado busca alternativas.
Las microrredes, macrorredes y esquemas de autogeneración dejaron hace tiempo de ser experimentos. Son respuestas concretas a necesidades que el sistema no siempre ha podido satisfacer. Incorporarlas dentro de una visión moderna puede fortalecer la competitividad industrial y ampliar las posibilidades de inversión. Pero ninguna reforma funcionará si se sigue utilizando el sistema eléctrico como escenario de confrontación política. Honduras necesita acuerdos mínimos: reducir pérdidas, fortalecer la planificación, proteger los activos públicos, incorporar nueva generación con criterios técnicos y garantizar que las decisiones de inversión respondan a proyecciones reales de demanda y costo.
Ese es el fondo de la conversación que presentamos hoy con el ingeniero Arnaldo Martínez, presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción. Más allá de cualquier propuesta partidaria concreta, su planteamiento coloca sobre la mesa una exigencia elemental: el sector eléctrico necesita mayor planificación y suficiente voluntad política para construir un modelo que permita al país crecer.
Por lo tanto, La reforma debe medirse por si Honduras logra finalmente tener energía más eficiente, suficiente y competitiva para su desarrollo.
