La reforma del sector eléctrico hondureño no debería reducirse a una simple confrontación entre tecnologías, empresas o modelos de propiedad. El verdadero desafío es construir un sistema capaz de suministrar energía suficiente, confiable y competitiva sin trasladar permanentemente sus ineficiencias a la ENEE, al Estado y al consumidor.
En ese debate hay una realidad que debe reconocerse: la alta dependencia de generación térmica expone al país a factores que Honduras no
controla, especialmente los precios internacionales del búnker y el diésel, el costo de las importaciones y la disponibilidad de divisas.
Cuando sube el combustible, no aumenta únicamente el costo operativo de una planta. El impacto puede trasladarse al mercado de oportunidad, elevar el costo marginal de generación y presionar las finanzas de la ENEE, las tarifas y las cuentas públicas. Reducir esa vulnerabilidad debe ser un objetivo estratégico de cualquier reforma.
Esto no significa desconocer que Honduras todavía necesita generación de este tipo de energías, pero mientras no exista suficiente almacenamiento, transmisión y capacidad firme renovable, estas plantas seguirán siendo necesarias para cubrir horas de alta demanda, contingencias y períodos de baja disponibilidad hidroeléctrica o renovable.
Sin embargo, reconocer esa necesidad no implica convertirla en el modelo de crecimiento futuro. Las térmicas deben ser remuneradas de manera transparente por los servicios que realmente prestan: firmeza, disponibilidad, reserva y respaldo. Al mismo tiempo, Honduras debe avanzar hacia una matriz donde los recursos renovables nacionales reduzcan progresivamente la exposición a combustibles importados.
En este sentido, hidroeléctrica, solar, eólica y biomasa ofrecen esa posibilidad, especialmente combinadas con el almacenamiento y una red de transmisión más robusta. Sin embargo, la transición también debe reconocer que los proyectos renovables requieren capital, financiamiento, mantenimiento e interconexión. Por eso el camino debe ser competencia, planificación y reglas claras, no privilegios.
Así pues, los nuevos proyectos deberían adjudicarse mediante licitaciones transparentes y contratos de largo plazo. El almacenamiento debe recibir una remuneración adecuada por la flexibilidad que aporta, y cualquier incentivo debe identificar claramente quién lo financia. Además, la reforma también debe enfrentar la fragilidad financiera de la ENEE. No habrá energía barata sostenible mientras persistan pérdidas elevadas, mora, atrasos a generadores y debilidad en la cobranza.
Por lo tanto, saneamiento de deuda, disciplina comercial, pago oportuno e inversión en transmisión son piezas inseparables de la transformación de la matriz. La meta debería ser clara: que Honduras necesite cada año menos combustible importado para producir electricidad, sin comprometer la confiabilidad del sistema. Las térmicas pueden formar parte de esa transición, pero la política energética no debe limitarse a administrar la dependencia, sino que debe crear las condiciones para reducirla.
