Honduras discute una reforma al subsector eléctrico en un momento delicado, con alta tensión política y en un contexto económico global desafiante.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica pierde cerca de un tercio de la energía que genera, arrastra una deuda que supera los 118 mil millones de lempiras y drena del Tesoro Nacional más de mil trescientos millones cada mes. Esos recursos no caen del cielo, sino que son los mismos que faltan para hospitales, escuelas y carreteras. Esta situación nos revela una interrogante urgente que debe ser contestada: ¿cuánto más puede costarnos que la ENEE no cambie?
En el debate se ha instalado una palabra que tiende a confundir, privatización. Por ello conviene decirlo con claridad. Una empresa pública que se desangra no es una empresa pública fuerte; es una empresa pública en riesgo de desaparecer. El verdadero peligro para el carácter estatal de la ENEE no es la reforma, sino la parálisis. Modernizar —ordenar sus cuentas, distinguir con transparencia lo que cuesta generar, transmitir y distribuir, y frenar el hurto que hoy pagan los que sí cumplen— es lo que permite conservar el bien público, no entregarlo.
Reorganizar la empresa en áreas responsables de sus propios costos no significa vender nada. Significa saber, por fin, dónde se produce la pérdida y exigir cuentas por ella. Es el paso que da cualquier institución seria para dejar de esconder sus fugas bajo un solo balance. Y es la condición para atraer la inversión —pública, multilateral y también privada en la generación competitiva— que el país necesita para ampliar su capacidad y reducir la emergencia permanente de energía que encarece cada recibo.
Mientras Honduras siga dependiendo de las importaciones de energía y sus costos fluctuantes, la tarifa seguirá subiendo, con reforma o sin ella. Y es la reforma, precisamente, el camino de largo plazo para que la factura deje de depender del precio internacional del petróleo.
Nada de esto exige renunciar a lo público. Al contrario, una buena reforma debe blindarlo. Puede y debe incluir la prohibición expresa de privatizar, la preservación de la propiedad estatal, subsidios focalizados que protejan a los hogares de menor consumo, la protección de los trabajadores y una supervisión independiente y transparente. Esos candados no debilitan la modernización, sino más bien, la legitiman.
Por lo tanto, el Estado tiene aquí la oportunidad de recuperar el control que se erosionó durante años de improvisación, no de ceder lo que le queda. Ese es el argumento que merece ganar el debate, el de modernizar para fortalecer, sanear para servir, blindar para conservar. La energía es un bien estratégico y un derecho; defenderlo de verdad significa hacer que funcione. Rescatar a la ENEE no es una amenaza a lo público, sino, la única forma de mantenerlo en pie.
