¿Quién pagará la deuda de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)?

Editorial
-julio 21, 2026

EDITORIAL SECTOR ELÉCTRICO HONDURAS

El debate sobre la reforma eléctrica mantiene permanentemente su foco en la discusión de si esta se trata de un—«rescate», «modernización» o «privatización»— cuando en realidad una duda que supera la discusión es ¿qué entidad conservará el flujo de caja necesario para pagar la deuda histórica de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) una vez separadas la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización?

Conviene dimensionar la gravedad del caso porque el asunto es urgente. El Banco Mundial estimó que la deuda de la ENEE rondaba los 3,600 millones de dólares en 2024, cerca del 11 % del producto interno bruto, y atribuyó la crisis a tres males persistentes: pérdidas elevadas, tarifas que no siempre cubren los costos y serias limitaciones de cobro. Estamos hablando de una insolvencia estructural que ninguna reorganización de las cuentas, por sí sola, puede disolver.¹

Por otro lado, un elemento que refuerza las alarmas es la fragilidad fiscal. Según el presupuesto aprobado de la ENEE para 2026 y el informe de riesgos fiscales de la Secretaría de Finanzas, la empresa proyectó unos 59,474 millones de lempiras de ingresos totales y destinaría alrededor de 9,129 millones al servicio de su deuda —el 15.3 % de esos ingresos—; además, cerca del 71 % de la deuda está denominada en moneda extranjera y sus cuentas por pagar subieron de 15,405 millones en 2024 a 18,154 millones en 2025. La posición financiera sigue siendo altamente vulnerable.²

Al respecto, el Fondo Monetario Internacional puso el dedo en la llaga. El 29 de junio de este año confirmó que Honduras no cumplió la meta de atrasos internos de la ENEE al cierre de diciembre de 2025 e insistió en reducir las pérdidas, atender los atrasos con los generadores y mejorar la gobernanza y la eficiencia operativa de la empresa. Siendo esta la señal más clara de que el problema no admite más aplazamientos.³

Ahora bien, con la escisión sería inexacto afirmar que todos los ingresos desaparecerían. El proyecto de reforma convierte a la ENEE en la matriz de al menos tres sociedades estatales —generación, transmisión y distribución— y les asigna activos, pasivos, contratos y trabajadores; la distribuidora, aunque pierda margen de comercialización, seguiría cobrando los cargos regulados por acceso y uso de sus redes, y las nuevas obras de transmisión se remunerarían durante veinte años dentro de la tarifa. Por lo tanto, no todo lempira ganado por un privado es un lempira perdido por el Estado, siempre que remunerarlo cueste menos que financiar esa inversión con deuda propia.

En consecuencia, el peligro real no es la palabra «privatización», sino un diseño en el que los ingresos se separan y la deuda se queda junta. Por ello, si la distribuidora pierde a sus clientes de mayor consumo, los nuevos transmisores captan una porción creciente de la tarifa, cada subsidiaria retiene sus ingresos para operar y la deuda histórica permanece concentrada en la matriz, la ENEE se convertiría en un «banco malo»; pues tendría las obligaciones, mas no la caja para atenderlas. Sería, en la práctica, socializar las obligaciones y privatizar parte de los ingresos futuros, exactamente lo que la reforma dice querer evitar.⁴

Por eso, cualquier rescate solo será creíble si se refinancia la deuda cara y de corto plazo. En este sentido, el propio Fondo ha recomendado sustituir líneas de crédito costosas y reducir los atrasos con los generadores, y organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han respaldado programas de transmisión, reducción de pérdidas y sostenibilidad financiera; esos recursos concesionales deberían emplearse para reemplazar la deuda cara, no para posponer una vez más el problema de fondo.⁵

Además, tampoco habrá solvencia sin dos condiciones que la experiencia internacional considera insustituibles. Las tarifas deben cubrir los costos eficientes del sistema, acompañadas de subsidios explícitos y focalizados dentro del presupuesto para proteger a los hogares vulnerables, porque mantener precios artificialmente bajos sin compensación solo traslada la deuda de vuelta a la ENEE; y las pérdidas deben reducirse de forma clara y transparente, publicando los resultados por circuito, región y categoría de usuario. Estas son lecciones recurrentes de los estudios sobre viabilidad financiera y reformas del sector eléctrico.⁶

Por lo tanto, el debate no debería ser si «la ENEE seguirá siendo estatal», sino implementar un ejercicio de transparencia que indique: esta es la deuda que recibirá cada subsidiaria, estos los ingresos regulados que conservará, este el ahorro de inversión que aportan los privados, este su costo y este el flujo de caja con el que se pagará capital e intereses durante los próximos diez años. Mientras ese flujo consolidado no se publique —y a julio de 2026 no se ha mostrado—, la preocupación seguirá plenamente vigente.

Fuentes